Cuando los políticos apelan a “la voz del pueblo” para justificar la imposición de reformas institucionales, políticas públicas o acciones gubernamentales, no solo cometen un error conceptual, sino que, además, ponen en riesgo la democracia. La ciencia política nos enseña que el concepto de pueblo es profunda e ineludiblemente ambiguo, y que, por lo tanto, no es correcto utilizarlo como si de él se derivase, o como si se le pudiese atribuir, una voluntad. En primer lugar, porque en la usanza constitucional convencional el pueblo se refiere a toda la población que hace parte de un Estado. Esto quiere decir que el pueblo somos todas y todos. Dado que la política no tendría razón de ser si todas las personas pensaran igual y que en la diversidad (o pluralidad) de la sociedad se encuentra el corazón de la política (y la verdadera riqueza de la democracia), hablar de la voz del pueblo, como si esta fuese reducible a una sola, es equívoco.
Lo más común es que por “pueblo” un político se esté refiriendo o a las capas bajas de la población o a la nación que le da identidad al Estado. Este tipo de justificaciones políticas están en el núcleo de los discursos populistas de izquierda, en el primer caso, y de derecha, en el segundo caso. Esto, por cuanto la extensión de dichos conceptos siempre es indeterminada. ¿A partir de qué nivel de cuáles atributos comienzan las capas sociales a ser bajas, a ser pueblo? ¿No existe una interseccionalidad de atributos que pueden poner a personas de capas menos bajas en iguales o peores condiciones que las de capas más bajas, como el color de piel en sociedades racistas? ¿Qué es exactamente una identidad nacional y acaso solo hay o puede haber una?
Electoralmente, esta irreductibilidad de la diversidad social de un país se ve reflejada en el hecho de que no se puede establecer un patrón de votación por un mismo partido o propuesta política por parte de ciudadanos de ninguna clase social, ocupación, región, identidad, etc. Todo sector de la población es políticamente plural.
De ahí que ninguna mayoría puede ser interpretada como un mandato popular unívoco e irrefrenable. Más aún, cuando un gobernante dice que es necesario cambiar la Constitución porque esta no le permite implementar el programa de cambio por el cual votó la mayoría, está desconociendo que, justamente, el papel de una constitución es proteger los derechos de las minorías frente a la tiranía de la mayoría.
Apelar no a la quimera de la voz del pueblo, sino a la deliberación pública basada en evidencia y argumentos, para construir consensos sólidos que se nutran de la diversidad social es el camino democrático y republicano.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesor del Programa de Ciencia
Política y RR. II., UTB.
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